D.F. 14 de agosto 2012
En NAYARIT venden desde playas hasta camellones.
Sin importarles que se trate de espacios públicos,
incluso de zonas federales que deberían estar bajo el control y administración
de los tres niveles de gobierno, lo que impera en esta región del país es un
estado policial privado para asegurar que nadie tenga acceso a esos lugares
turísticos sin previa autorización, y si no son huéspedes o invitados de los
lujosos hoteles, de los campos de golf, de las villas...
Ejidatarios aseguran que el empresario HÉCTOR
CÁRDENAS CURIEL se ha hecho de litorales y proyectos carreteros en Bahía de
Banderas con el auspicio de administraciones estatales.
Camellones, calles, avenidas, carreteras, acceso a
playas, el mar… de todo eso y más se ha adueñado en Bahía de Banderas un grupo
reducido de empresarios en contubernio y corrupción con al menos cuatro de los
gobernadores, alcaldes más recientes que ha tenido Nayarit (1).
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Este es, pues, historias que
se tejen con hilos de corrupción y que nada ni nadie ha podido romper entre
esos empresarios y los gobernadores y alcaldes en turno. Estas estampas de
impunidad se dan, por ejemplo, en un lugar llamado la Cruz de Huanacaxtle, una
de las 32 delegaciones que conforman esta bahía nayarita.
Sin necesidad alguna, el
reciente gobierno estatal encabezado por Ney González le cumplió el capricho a
Héctor Cárdenas Curiel, empresario poderoso que se adueñó de litorales y hasta
de la construcción de una nueva carretera para favorecer a sus futuros
huéspedes de un complejo hotelero que ya se erige a todo lo largo de la Playa Las Destiladeras, obra que causa
severos estragos al medio ambiente, como lo han documentado y denunciado
organizaciones no gubernamentales y grupos de inversionistas inmobiliarios.
Es cuestión de meses para
que la vieja carretera que llega hasta Punta de Mita —que no tiene
desperfectos— sea cerrada definitivamente para inaugurar una nueva que consta
de 7 kilómetros 200 metros, y que a
través de espectaculares, el gobierno nayarita anuncia con bombo y platillo
como una obra que se “construye con la gente y de la que nos sentimos
orgullosos”, la cual tuvo un costo de 300 millones de pesos: 250 para
sustentarla y 50 más para indemnizar a los ejidatarios que eran propietarios de
esa zona y que ninguno de éstos ha recibido paga alguna.
El supuesto cierre
definitivo de ese tramo carretero será propiedad del desarrollador Héctor Cárdenas
Curiel y de su complejo NAHUI, que
según las organizaciones no gubernamentales es “prestanombres” del ex
secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Según los denunciantes, el
desarrollo NAHUI carece de permisos
de construcción, así como de impacto ambiental y de los cambios de uso de
suelo; sin embargo, en plena Playa Las Destiladeras se ha montado una casa
muestra de la zona de condominios que ya se construyen.
El gobierno actual de esta entidad
federativa, a través de su secretario de Obras Públicas, Gianni Ramírez Ocampo,
asegura que las obras de la nueva carretera están suspendidas, argumentando que
“nosotros estamos para respaldar la postura de los ciudadanos y no vamos a
liberar el permiso para que la empresa concluya la obra”.
Sin embargo, MILENIO
confirmó lo contrario al encontrarse con trabajadores haciendo uso de
maquinaria pesada con la que derriban árboles y toda área verde a lo largo de
esos siete kilómetros y en una superficie de 42 hectareas de selva y montaña.
Más aún, a lo largo de esa
obra carretera el gobierno priista de Roberto Sandoval Castañeda, a través de
los espectaculares, presume la pronta inauguración de ese tramo carretero,
mientras Cárdenas Curiel presenta a potenciales compradores la casa muestra, la
zona en donde estará asentado un campo de golf, decenas de villas, un hotel
boutique y un club de playa con residencias, y hasta el pueblito NAHUI.
“Están condenando a la
extinción a pueblos enteros de pescadores y ejidatarios”, acusa Marielza
Izurieta Valery, presidenta de Mujeres Unidas por Bahía de Banderas AC, quien
también denuncia el hecho de que ningún poblador de esta zona nayarita podrá
tener acceso a las dos playas de esta bahía: Las Destiladeras y la Manzanilla,
puesto que también de éstas se adueñó Cárdenas Curiel en contubernio con
autoridades municipales y estatales (2) (3) (4).
Inclusive, el senador
perredista Francisco Javier Castellón Fonseca logró impulsar un punto de
acuerdo en el Congreso de la Unión para exhortar al secretario de Hacienda
local, José Antonio Meade, para que rindiera un informe detallado sobre la
situación actual de la deuda pública de Nayarit, toda vez que el entonces
gobernador, Ney González, solicitó al Congreso estatal autorizar una deuda por
300 millones de pesos para financiar la carretera en cuestión. Al respecto, el
ex gobernador Antonio Echevarría dijo que a “Ney solo le faltó robarse el
palacio de Gobierno”.
Sin embargo, se sabe que en
2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno de Nayarit,
representada por la Secretaría de Obras Públicas, acordó ampliar la carretera
existente La Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita a cuatro carriles que inicia
en La Cruz de Huanacaxtle, en el kilómetro 2+400 y termina en Punta de Mita, en
el kilómetro 19+130.
El gobierno del estado, por
conducto del entonces gobernador constitucional Antonio Echeverría Domínguez,
hizo lo propio ante el Presidente de la República y los titulares de las
dependencias federales involucradas, con el propósito de que se otorgaran
apoyos específicos adicionales a fin de llevar a cabo el proyecto carretero,
por considerarse prioritario para el Estado.
El 7 de enero de 2004, el
gobierno federal asignó y transfirió a Nayarit 100 millones de pesos para ser
destinados a la modernización del tramo carretero.
El 21 de septiembre de 2004
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la licitación número
47001002-041-04 para iniciar el 8 de noviembre del mismo año.
El nombre de la licitación
omite la frase “ampliación a cuatro carriles”. Lo anterior se realizó a través
de la constitución del fideicomiso OCC/1043, teniendo a Scotiabank INVERLAT SA
como fiduciario.
En el mismo DOF se menciona
que los recursos económicos para la ejecución de las obras en licitación fueron
aprobados y emitidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Nayarit; así como del fideicomiso número 100321330, irrevocable para la
modernización del tramo carretero.
El 5 de abril de 2011, el
entonces titular del Poder Ejecutivo solicitó mediante decreto al Congreso
local la autorización para gestionar y contratar financiamiento que constituye
deuda pública por 300 millones de pesos (tratándose de la misma obra),
pagaderos a 20 años, de los cuales 250 millones serían para financiar el
proyecto carretero y 50 millones de pesos más para pagar a los afectados.
Sin embargo, la mayoría de
los ejidatarios de La Cruz de Huanacaxtle no han recibido los 50 millones, por
lo que promovieron un amparo (415/2011) para impedir que la obra continúe, a
juzgar por las declaraciones de una de representantes legales, Patricia
González.
“Vivimos en estado de
indefensión, donde unos cuantos se están apoderando de nuestra tierra y sin que
poder humano alguno pueda evitar esta corrupción que salpica más que las olas
del mar”, comenta la abogada, quien como la mayoría de los ejidatarios burlados
por autoridades y empresarios, teme por su vida. “Nos han amenazado por estar
denunciando esta situación deplorable en la que nos han colocado”.
Pero el actual gobierno de
esta entidad federativa se lava las manos. En voz del secretario de Obras
Públicas, Gianni Ramírez, el problema en este caso nació en el gobierno de Ney
González, aunque reconoció que el dinero que se pactó con los ejidatarios está
en una cuenta bancaria y “en cuanto se resuelvan los problemas les pagaremos
puntualmente”.
Sin embargo, el presidente
del Partido Acción Nacional en la entidad, Ramón Cambrero Pérez, pidió a la
Cámara de Diputados llamar a cuentas a Ney González y adelantó que interpondrá
una denuncia de juicio político por malversación de recursos. “El ex gobernador
debe ser llamado a cuentas por el atraco que provocó al estado, pero
lamentablemente el Congreso local le aprobó las cuentas públicas de 2006 a 2011, por lo que
también hay complicidad de los diputados priistas, a pesar de que el órgano de
Fiscalización Superior detectó más de 200 irregularidades, mil 232
observaciones y presuntas desviaciones de recursos superiores a los 259
millones de pesos”.
En la edición de mañana MILENIO
Diario abordará los casos de dos empresarios ítalo-canadienses que han
hecho de las suyas a sus anchas en complicidad con mandatarios estatales y
presidentes municipales.
El artículo 238 del
ayuntamiento de Bahía de Banderas señala que para ocupar, aprovechar o utilizar
una vía pública o ejecutar en la misma cualquier clase de obras o
instalaciones, se requiere permiso o autorización del ayuntamiento, el cual
establecerá, en cada caso, las condiciones bajo las cuales se conceda, los
medios de protección que deberán tomarse, las acciones de reparación, restitución
o restauración en las zonas que resulten afectadas, y los horarios en que deban
efectuarse.
Con información de:
Salvador Arellano
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CLAVES
Legislación:
► Se considera obligatorio
tanto para los particulares como para cualquier dependencia federal, estatal o
municipal reparar cualquier obra realizada en la vía pública.
► La Ley de Asentamientos Humanos de
Nayarit indica en su artículo 236 que se entiende por vía pública “todo espacio
de uso común que por disposición legal o administrativa se encuentre destinado
al libre tránsito, o que de hecho esté ya afecto a ese fin, y cuya función sea
la de servir de acceso a los predios y edificaciones colindantes o para el
alojamiento de cualquier instalación de una obra pública”.
NOTAS:
