LAS
RAZONES: La falta de Consulta a Comunidades y la falta o mala conducción de Evaluaciones
de Impactos Sociales.
En
NAYARIT el ejemplo sobresaliente es la PRESA LAS CRUCES.
Cerca
de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por
conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son
producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El
Economista (1).
LAS
RAZONES: La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para
realizar las EVALUACIONES DE IMPACTO SOCIAL (EVIS) y la falta de una LEY DE
CONSULTA INDÍGENA ha generado un vacío legal.
En NAYARIT el ejemplo sobresaliente es la
PRESA LAS CRUCES (2).
Conforme
a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, es requisito
presentar una EVIS para realizar cualquier proyecto de energía (3).
Sin
embargo, la falta de capacitación del personal de la (ex)para-estatal CFE y de las
empresas constructoras y/o de las empresas consultoras para identificar los potenciales
conflictos sociales en las comunidades, ha llevado a que los proyectos se
encuentren empantanados dentro de conflictos con éstas.
Faltan
reglas
María
de las Nieves García-Manzano: “Si
revisamos la reforma energética, existen sólo unos cuantos artículos en la Ley
de Hidrocarburos y de la Ley de Energía Eléctrica que hablan de la EVIS y de la
consulta indígena” (4).
Por lo
tanto, es urgente que se emitan las Disposiciones Secundarias de la EVIS y una LEY
DE CONSULTA INDÍGENA para que brinden certeza jurídica no solamente al
inversionista de que los proyectos serán viables, sino a las comunidades de que
sus opiniones serán tomadas en cuenta de acuerdo con un formato establecido.
“…
gran parte del éxito de un proyecto depende de que cuente con el apoyo de la
comunidad local como aliada natural y principal interesada en la consolidación
y operación del mismo”.
__________________________________
ES UN
COMPROMISO INTERNACIONAL
Consulta
indígena, insoslayable
A las
evaluaciones de impacto social y manifestaciones de impacto ambiental que la
ley prevé como requisitos para que los nuevos proyectos energéticos que sean
sustentables, se impone un requisito de mayor rango: la aprobación de las
comunidades indígenas ubicadas dentro de los potenciales terrenos que, de
oponerse a los proyectos, no podrán ser expropiados, lo que constituirá un
enorme reto para los inversionistas y autoridades en materia de justicia social
para el desarrollo energético nacional en el nuevo marco legal.
Dado
que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía jurídica que la
Constitución en nuestro país, el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (5) en materia de protección de derechos de comunidades originarias
al que está suscrito México determina que antes de que arranque cualquier
proyecto energético debe realizarse una consulta “libre e informada” si existen
comunidades indígenas en el terreno donde se pretende llevar a cabo las
actividades (5).
NOTAS:
(1) Conflictos sociales amenazan
proyectos de energía: http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/02/19/conflictos-sociales-amenazan-proyectos-energ%C3%ADa
(2) PRESA LAS CRUCES, NAYARIT: Sigue
vigente la amenaza de su construcción. A pesar de los cuestionamientos
técnicos, sociales, económicos y ambientales hechos al citado megaproyecto.
Pueblos Náyeri y Wixárika reiteran oposición a hidroeléctrica Las Cruces en
Nayarit: http://rivieranayaritone.blogspot.mx/2017/06/presa-las-cruces-nayarit-sigue-vigente.html
(3) Trámite Evaluación de Impacto Social
(EVIS) Documento que contiene la identificación de pueblos en el área de
influencia de un proyecto, así como la identificación, caracterización,
predicción y valoración de las consecuencias que podrían derivarse, medidas de
mitigación y planes de gestión social: https://www.gob.mx/sener/articulos/tramite-evaluacion-de-impacto-social-evis?idiom=es
(5) Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales: https://es.wikipedia.org/wiki/Convenio_169_de_la_OIT_sobre_pueblos_ind%C3%ADgenas_y_tribales
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