Promesas
en tiempos electorales son altamente rentables en el aplausómetro inmediato.
Una
vez instaladas en programas concretos, quedan como si hubieran sido escritas en
piedra, por el costo político que implica eliminarlas.
Así,
se convierten en una carga presupuestal permanente y casi siempre creciente,
que difícilmente puede revisarse, reducirse o eliminarse.
Nuestro país requiere de electores
críticos que distingan entre ocurrencias para ganar votos fáciles y propuestas
viables que realmente tienen la intención de construir agendas de gobierno que
solucionen problemas desde sus causas.
El usado dicho “prometer
no empobrece” es falso cuando se refiere a candidatos a puestos de elección
popular. Las promesas que se vierten al calor del templete, frente a una plaza
pública, al final, cuestan mucho dinero al erario.
Nos cuestan a los mexicanos de dos
maneras: primero, como gasto efectivo, y segundo, como costo de oportunidad.
El primero surge de la simple operación
matemática de multiplicar el universo de beneficiarios, por el costo del
servicio o producto ofrecido, por el tiempo que estará vigente.
El segundo es más complejo. Porque
se trata de todo aquello que se pudo haber hecho con ese dinero y se dejó de
hacer. Esto es, las alternativas que había para usar de mejor forma esos
recursos.
El problema es que resulta poco probable
que los candidatos a puestos de elección popular asuman la responsabilidad de
comunicar el costo real de sus promesas, y las implicaciones de implementarlas.
NOTA:
Para dos ejemplos concretos, ver: “El
costo de las promesas”: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/el-costo-de-las-promesas/ Autores: Alexandra Zapata/ Max Kaiser
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