Playa Privatizada del Desarrollo ALAMAR (GRUPO Real de Mar/ANIDA) en La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, NAYARIT.
Escenario 2020 para la Cruz
de Huanacaxlte, Bahía de Banderas, NAYARIT, .... ...... de acuerdo a la
administración estatal, municipal y a los Desarrolladores Inmobiliarios:
Los mercaderes facultados para malbaratar el país tienen hambre de rematar hasta el último reducto disponible. La subasta no sólo incluye petróleo, agua, telecomunicaciones o seguridad social, sino también la arena y el mar. Ningún mexicano podrá disfrutar de la playa si no tiene dinero suficiente. Dogma del libre mercado: el mundo es para quien puede pagarlo.
Por playas de todo el país se comenzaron a colocar letreros apocalípticos: “Propiedad privada, prohibido el paso”. Pescadores, comuneros, comerciantes y familias enteras comienzan a ser desplazadas de su propia tierra. Son tratados como extranjeros en su país, indeseables extraños, insoportable contaminación visual para los exclusivos hoteles internacionales.
Desde 1986 los mayas
descendientes de los indígenas rebeldes de la Guerra de Castas se quedaron sin
playa en la reserva de la biosfera de Sian Ka ´an, marginados del proyecto
turístico de la Riviera Maya impulsado por el entonces gobernador Pedro Joaquín
Coldwell, hoy secretario de Energía de la administración federal. En Jalisco, un estudio del Movimiento de
Regeneración Nacional advirtió que el 82 por ciento de los 280 kilómetros de
litoral está en proceso de privatización. En octubre de 2010, los legítimos
propietarios de 42 hectáreas frente a la playa de Tenacatita, en ese estado,
fueron despojados de sus tierras debido a que un juez le otorgó el área a un
particular. Y en agosto pasado, pescadores del municipio de La Huerta, en esa
misma entidad, fueron echados de la playa por guardias privados de un complejo
turístico. Y qué decir de Guerrero,
donde los ejidatarios de Revolcadero, Copacabana y La Zanja fueron difuminados
para dar paso al complejo Punta Diamante. Cinco estampas del éxodo nacional que
se avecina.
“(…) El gobierno
maneja que quiere desarrollo para los municipios, pero nunca se han puesto a
ver la necesidad que tiene una cooperativa o un grupo de pescadores de tener
una pequeña concesión y, en cambio, al empresario turístico le dan todo (…)
hasta ha habido pescadores desaparecidos o suicidios por defender algo que
creemos que es nuestro”, denunció Alejandro Trujillo Hernández, presidente de
la Federación de Cooperativas Pesqueras de Jalisco (Milenio, 5 de agosto de
2013). Tan sólo entre abril y septiembre de 2005 fueron otorgados más de 500 títulos de concesión en las zonas costeras del país, el mes que mayor número presentó fue junio, con casi tres millones de metros cuadrados de superficie, de acuerdo con el estudio “La privatización de las zonas costeras en México”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es en este contexto
que el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, presentó
una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional para permitir a los
extranjeros adquirir propiedades frente al océano para uso residencial. El
exgobernador de Sonora justificó así su propuesta: “Se trata de erradicar la
simulación en la propiedad extranjera en las playas de México y de eliminar a
los intermediarios que a través de fideicomisos, sociedades anónimas y
prestanombres, han lucrado con la prohibición constitucional”. Simple:
legalizar lo ilegal. La propuesta fue aprobada con 356 votos a favor, 119 en
contra y 12 abstenciones.
En sólo quince días
hábiles, los diputados aceleraron la maquinaria burocrática para aprobar la
iniciativa presentada por Beltrones, que aún debe ser votada en la Cámara de
Senadores y en los congresos estatales.
¿Quién se beneficia de esta propuesta?
Óscar Mondragón, responsable de la iniciativa DEFENDAMOS NUESTRAS PLAYAS http://unionmexico.mx/, identifica a tres grupos mayoritarios:
ciudadanos estadunidenses, grandes inmobiliarias y los políticos mexicanos.
Actualmente en México
habitan un millón y medio de jubilados y pensionados estadunidenses. En el país
vecino, estima Mondragón, alrededor de 15 millones de personas cuentan con
fortunas personales superiores a los diez millones de pesos: “En segundos
venderán desarrollos de playa y sin ninguna regulación, terminarán con fauna
marina, cooperativas y pescadores”.— ¿Además de Beltrones, han identificado a otros políticos interesados en este negocio? –le pregunto durante una entrevista.
— Es claro que todos los políticos tienen negocios y el negocio inmobiliario en México siempre ha estado fuertemente vinculado a la actividad política.
Con dicha reforma,
anticipa Mondragón, los mexicanos que viven de la economía ligada al mar
obtendrán una cantidad miserable de dinero a cambio de sus terrenos, lo que
posteriormente derivará en un problema de seguridad, pues habrá desaparecido su
antiguo modo de subsistencia. Además, serán afectados 11 mil kilómetros de litoral
en Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Sonora, Quintana Roo y
Tamaulipas. Y un punto alarmante: “Extranjeros se quedarán con las manos libres
para establecerse con cualquier intención, disimulando con fachadas de
residencias particulares”, cita un estudio de Defendamos Nuestras Playas.
Esta iniciativa es
acorde a la política neoliberal donde el Estado abandona las esferas del
derecho público y lo sustituye por la privatización. Los extranjeros cerrarán los espacios, hasta
ahora públicos, a las playas que adquieran. Los nuevos dueños podrán
subarrendar y recibir huéspedes de paga.Por ello, Defendamos Nuestras Playas está recabando firmas y encabezando una campaña a nivel nacional para exigir al Senado votar en contra de este proyecto.
La Conferencia Global
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebró en
2001 en París una cumbre sobre desarrollo sostenible en la que concluyó que la
reducción de la pobreza no podrá ser alcanzada sin océanos ni costas saludables.
México tiene once mil
kilómetros de litoral distribuidos en 17 estados costeros. Las playas son una
zona indispensable de recreación, manifestación artística, flujo comercial,
derrama de divisas extranjeras, inversión turística y factor predominante de salud
ambiental y diversidad biológica.
Los bienes públicos
no son baratijas para ser ofrecidas al mejor postor. La privatización de las
playas es una continuación del rumbo del país: una élite con ambiciones
desmedidas capaz de malbaratar una nación entera a cambio de vivir como
estrellas de Hollywood.
En lugar de quedarnos
como espectadores de un saqueo más de lo que queda de México, es imprescindible
que, cuando menos, nos sumemos a la campaña para no convertirnos en extranjeros
en nuestro propio país (1).INFO: Playas de RIVIERA NAYARIT, en manos de extranjeros. Calles privatizadas. Accesos al Mar bloqueados (2).
NOTAS:
(1) Artículo de Juan Pablo Proal en
http://www.proceso.com.mx/?p=354479
(2) PLAYAS PRIVATIZADAS en NAYARIT. Otra ´herencia indeseada´ de FOX: http://rivieranayaritone.blogspot.mx/2013/06/municipio-bahia-de-banderas-ejemplo-de.HTML
(2) PLAYAS PRIVATIZADAS en NAYARIT. Otra ´herencia indeseada´ de FOX: http://rivieranayaritone.blogspot.mx/2013/06/municipio-bahia-de-banderas-ejemplo-de.HTML
Playas de la RIVIERA NAYARIT, en manos de extranjeros (I): http://rivieranayaritone.blogspot.mx/2012/08/reporte-especial-de-rodolfo-montes-del.html
Playas de RIVIERA NAYARIT, en manos de extranjeros. Calles privatizadas.
Accesos al Mar bloqueados (II): http://rivieranayaritone.blogspot.mx/2012/08/playas-de-riviera-nayarit-en-manos-de.htmlEL CASO EJEMPLAR: El Desarrollo “Alamar" se apropia de la PLAYA MANZANILLA en La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, NAYARIT.
El GRUPO REAL DEL MAR/ANIDA inauguró a finales de mayo 2010 el Club de Playa ALAMAR, ubicado al frente de su desarrollo “ALAMAR BEACH & VIEWS” en la carretera a Punta de Mita Km 2.6 La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit. El desarrollo inmobiliario de “ALAMAR BEACH & VIEWS” en la Cruz es el resultado de una alianza estratégica del GRUPO REAL DEL MAR de Guadalajara y ANIDA, empresa inmobiliaria del banco español BBVA.
GRUPO REAL DEL MAR atiende el segmento de vivienda residencial turística del grupo desarrollador jalisciense TIERRA Y ARMONÍA, de familias provenientes de Guadalajara, Jalisco. De acuerdo a documentación de defensores ambientales y de reportes en los medios de comunicación nacionales, TIERRA Y ARMONÍA, junto con GVA y el CONSORCIO G tienen deshonestos historiales. Como poderes fácticos, muy ligados a la clase política, han construido un memorial de despojo, destrucción y privatización de áreas naturales a nivel nacional.
Cabría hacer mención de que la transnacional GVA se ha encargado de privatizar, dotando de desarrollos hoteleros, a buena parte de las playas de Latinoamérica. A nivel nacional y local lo mismo ocurre con el consorcio GIG de Raymundo Gómez Flores y de TIERRA Y ARMONÍA, formado por Juan José Erregon de MENDELSSOHN DESARROLLOS INMOBILIARIOS y por Pedro Martínez Martínez de AMADEUS Grupo Inmobiliario. Ambas empresas están ligadas con el ecocidio que resultará de la construcción del Fraccionamiento Alta Vista Residencial en Guadalajara, donde se pretende construir 22 mil casas en la zona norte del municipio de Zapopan (zona metropolitana de Guadalajara), sobre más de 970 hectáreas de zonas agrícolas y forestales del Valle de Tesistan, el Bosque de El Nixticuil y la Sierra de San Esteban (El Cerro del Diente).
ANIDA es la empresa inmobiliaria del Grupo BBVA con una amplia experiencia en el mercado español. En noviembre del 2004 inauguró sus oficinas en México y se ha convertido en una desarrolladora inmobiliaria con inversiones en proyectos en los principales estados de la República. ANIDA en España se ha sumado al grupo de inmobiliarias de bancos y cajas de España, dedicadas a la venta de inmuebles procedentes de impagos, liquidación de pagos de promotoras que no han podido vender sus viviendas, así como la venta de departamentos resultado de falta de pagos.
Privatización de la Playa Manzanilla.
En 2010, con el fin de crear su Club de Playa ´privado´, el GRUPO REAL DEL MAR/ANIDA dividió la Playa Manzanilla en La Cruz de Huanacaxtle en tres con la construcción de tres escolleras. Una de ellas bloqueo el acceso al mar que por cierto apenas cabe una bicicleta por lo angosto que está. Para entrar a la playa La Manzanilla, se tiene que subir entre las piedras del espigón, hechos que fueron denunciados ante las autoridades correspondientes por organizaciones civiles de la región, pero nada se ha hecho al respecto.
En febrero de 2008, con el respaldo del gobierno estatal y del entonces alcalde del Ayuntamiento del Municipio Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, los desarrolladores Urbanizadora y Constructora Amadeus S.A. de C.V. de Guadalajara obtuvieron permisos de construcción para 15 (sic!!!) torres de 10 pisos cada una, claramente violando el Plan de Desarrollo Urbano vigente y de esta manera cambiando de manera brutal y para siempre la imagen urbana de un poblado pescador.
Por supuesto, el Plan Parcial para ¨ALAMAR BEACH & VIEWS¨ no mencionaba la intención de privatizar partes de la playa frente a su desarrollo. Tampoco se mencionó en la Manifestación del Impacto Ambiental que entregó el desarrollador a la SEMARNAT en nov. de 2006, ni SEMARNAT lo permito en su resolución Clave 18NA2006TD105 el 30 de marzo, 2007.
En los folletos para la promoción y venta del los departamentos del desarrollo siempre se habló de un Beach Club con playa privada. Las autoridades se hicieron de la vista gorda. Nadie sabe que pasó con el dinero que supuestamente el desarrollador tenía que pagar para compensar su incumplimiento de otorgar 10% de la superficie total de los predios para desarrollar como área de donación (obligación claramente especificada en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit). El área de desarrollo de ALAMAR es de 345,506.2410m2, por tanto, se debería haber otorgado como área de donación una superficie 34,550.6241 m2 o una cantidad de dinero, equivalente al valor comercial de esta parte del terreno.
A partir de un cambio de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del estado Nayarit en 2007, se permite permutar áreas de donación por dinero. Una absurda práctica que va en contra de todo sentido de la ley que es beneficiar la población local con obras de carácter social y que obviamente también induce prácticas corruptivas. Estos cambios a la Ley los impuso la administración de Ney González en el segundo año de su administración para ´facilitar el desarrollo turístico´ en la RIVIERA NAYARIT. Como ahora esta más que evidente, estos cambios se hicieron al costo de los habitantes locales.
Cabe mencionar que el entonces alcalde del municipio Bahía de Banderas -actualmente Secretario de Medio Ambiente del estado de NAYARIT- permitió a los desarrolladores de ALAMAR la violación del Plan de Desarrollo Urbano. Ahora nuevamente se postula como candidato para la presidencia municipal.
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¿Por qué decir NO a la reforma del
artículo 27 constitucional?
1. Se
permitirán enormes desarrollos, que de acuerdo con especialistas en derecho
agrario, ya afectarían inmediatamente 11 mil kilómetros del litoral en Colima,
Guerrero, Oaxaca, NAYARIT, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Tamaulipas:
2. La
reforma al 27 permitiría la compra de los litorales y hasta 50 kilómetros
tierra adentro, por lo que en las penínsulas, con menos de 100 kilómetros de
tierra, podrían ser ocupadas por completo por extranjeros:
3. Extranjeros
quedarán con las manos libres para establecerse con cualquier intención,
disimulando con fachadas de residencias particulares:
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